Obispos negocian con el narco para intentar frenar la violencia en México, presidente los respalda
Las organizaciones delictivas mexicanas no sólo venden o trafican con drogas, sino que extorsionan a negocios de los territorios que controlan.
El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó el jueves su respaldo a las conversaciones que sostuvieron cuatro obispos con integrantes de grupos delictivos en un intento por frenar la ola de violencia que golpea al estado de Guerrero, en el sur de México.
En los diálogos participó el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, quien dijo a medios locales que buscaron el acercamiento para tratar de lograr la paz en Guerrero.
Al ser consultado sobre la iniciativa el mandatario afirmó que veía “muy bien” los diálogos, pero dejó claro que esas conversaciones no deben implicar “acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar”.
“Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado, eso debe quedar muy claro”, afirmó en su conferencia matutina que realizó desde la ciudad turística de Acapulco, en el estado de Guerrero, donde en los últimos meses ha recrudecido la violencia pese a que las autoridades enviaron unos 10.000 efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en esa localidad devastada en octubre por el potente huracán Otis.
González Hernández sugirió que la iniciativa había sido aprobada, al menos implícitamente, por el papa Francisco durante una reunión con obispos el año pasado.
Un portavoz del Vaticano no respondió inmediatamente cuando se le preguntó por las declaraciones del obispo.
López Obrador reconoció que no es la primera vez que religiosos mantienen este tipo de conversaciones e indicó que ya lo habían hecho en el vecino estado de Michoacán.
“Siempre los sacerdotes, los pastores, integrantes de todas las iglesias participan y ayudan a la pacificación del país”, señaló el gobernante al alabar los esfuerzos.
El gobierno de México reconoce que al menos dos renombrados sitios arqueológicos mayas se han vuelto inaccesibles para los visitantes debido a la violencia de los carteles y las disputas por tierras.
Muchos mexicanos de a pie han accedido en silencio a pagar protección a los cárteles por miedo a ser atacados o a que les quemen sus casas o negocios. La Iglesia también ha sufrido el impacto de la violencia con el asesinato de sacerdotes y ha tenido que recurrir a las fuerzas militares y policiales para que sus clérigos puedan ingresar escoltados a comunidades azotadas por criminales.
González Hernández expresó que las conversaciones fracasaron porque los cárteles y las bandas de narcotraficantes “pidieron una tregua, pero con condiciones”. Al ser consultado sobre cuáles eran esas condiciones, el obispo respondió “territorios”.
Las organizaciones delictivas mexicanas no sólo venden o trafican con drogas, sino que extorsionan a negocios de los territorios que controlan.
En rechazo a la acción de los grupos criminales en las carreteras del país, los conductores de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas realizaron el jueves paros y bloqueos en algunas autopistas para exigir protección al gobierno.
En medio de la espiral de violencia que enfrenta Guerrero, en el poblado turístico de Taxco se registró el jueves el robo a un comercio que derivó en un choque armado entre los presuntos asaltantes y las autoridades, que dejó como saldo un atacante fallecido y dos lesionados, entre ellos un funcionario de seguridad, dijo a la AP René Posselt, vocero de la gobernación.
Cuando los supuestos delincuentes huían en una motocicleta se encontraron con la camioneta en la que viajaba el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, y se dio una persecución y enfrentamiento armado entre los escoltas del funcionario y los asaltantes, precisó Posselt. El alcalde resultó ileso en el incidente.
Bajo la política de “abrazos, no balas” el gobierno de López Obrador ha evitado la confrontación directa con los cárteles, lo que les ha permitido tomar el control de una docena o más de ciudades medianas donde los precios de la mayoría de los productos son más altos porque incluyen el “impuesto” que cobran los grupos criminales.
El obispo emérito Salvador Rangel dijo a The Associated Press que fue informado de los diálogos por los religiosos que participaron en la iniciativa y señaló que además de González Hernández en las conversaciones también intervinieron los obispos de las diócesis de Ciudad Altamirano, Tlapa y el arzobispo de Acapulco.
Rangel indicó que aunque en los acercamientos “no llegaron a ninguna conclusión” debido a que uno de los grupos delictivos “no quiere ceder nada”, la iniciativa fue positiva para lograr un “enfriamiento de las cosas”.
“Yo creo que todo intento para buscar la paz y la concordia es válido. El diálogo es un instrumento, vamos a decir, precioso, de oro, es un instrumento internacional que se puede utilizar”, dijo el obispo emérito tras reconocer que cuando estuvo hasta 2022 frente de la diócesis de Chilpancingo, capital de Guerrero, también tuvo acercamientos con los grupos delictivos para contener la violencia en esa región.
El gobierno federal ha enviado al estado de Guerrero unos 29.000 miembros del Ejército, la Armada y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad, pero han resultado insuficientes para hacer frente a la ola violencia generada por las pugnas que mantienen varios grupos delictivos y cárteles del narcotráfico por el control del territorio.
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